La noticia corrió como la pólvora en la mañana del lunes 31 de julio. El cuerpo de la joven nicaragüense Erica Vanessa Reyes fue hallado de madrugada en su vivienda situada en el número 8 de la calle Cristo de los Afligidos. Su hermana Ana, con la que compartía casa, la encontró ya sin vida y con claros signos de violencia. Fue una vecina la que dio la voz de alerta a los servicios de emergencias al escuchar sus gritos de auxilio. A las 18:15 horas de esa misma tarde se produjo la detención de su expareja, un varón de 43 años de nacionalidad ecuatoriana, como presunto autor del asesinato, que de confirmarse, constituiría un nuevo caso de violencia machista. Este había permanecido escondido en uno de los hoteles de la localidad, donde fue hallado y puesto a disposición judicial.
Tras negarse a declarar hasta en dos ocasiones, la Fiscalía ordenó su ingreso en prisión preventiva, ante el peligro de fuga. Por su parte, el Ayuntamiento de Utrera decretó un día de luto oficial y convocó el martes una concentración en señal de duelo y repulsa. En ella, la hermana de Erica Vanessa pidió “que se haga justicia”, arropada por familiares, amigos, miembros de la Corporación municipal y representantes de asociaciones de mujeres de la localidad, además de otras tantas personas anónimas. Durante el acto, la alcaldesa en funciones Consuelo Navarro, mostró sus condolencias y deseo de que “caiga el peso de la Ley sobre quien arrebata el derecho a vivir de una persona”. La concentración fue secundada en Sevilla, gracias al impulso de la Asociación Nicaragüense Sevilla-España, quien prestaba ayuda a las jóvenes desde su llegada a España en 2018. Este mismo colectivo impulsó un acto solidario para recaudar los 8.000 euros necesarios para repatriar el féretro de la joven hasta Nicaragua, algo que ha sido posible gracias a infinidad de donaciones y una aportación de 2.000 euros del Ayuntamiento de Utrera. Así, el pasado lunes 14 de agosto, tras una despedida en un tanatorio sevillano, iniciaba su viaje hasta Madrid, y desde allí, a su ciudad natal, Tololinga Nueva Guinea, al este del país.
Allí, familiares y amigos han podido brindarle una digna sepultura. Y mientras el cuerpo sin vida de la joven era repatriado, el presunto asesino pedía su liberación. Su abogado defensor presentó un recurso en el juzgado número 2 de Utrera, argumentando que la prisión preventiva no era necesaria pues no había peligro ni motivos de fuga. Este argumento contrasta con lo expuesto por la Fiscalía y los propios testigos que han declarado en los últimos días: una mujer cuya vinculación con el caso se desconoce, la recepcionista del hotel donde se alojó el presunto asesino tras los hechos, y las dos personas que compartían vivienda con la asesinada. Todos ellos han avalado la hipótesis del crimen machista y han dejado claro el peligro evidente de fuga. Así lo ha hecho público el abogado de la familia de la víctima, José Antonio Sires, quien además ha explicado que “tanto la Fiscalía como nosotros pedimos que se aplique la pena máxima, en todo caso, prisión permanente revisable. Consideramos que hay indicios suficientes que avalan el crimen machista de manos del detenido, que se encontraba en vías de separación no formal de la víctima”. Aún así, el móvil del crimen está por determinar pues el caso está bajo secreto de sumario.
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